Se transformó la institucionalidad para el campo. ¿En qué consiste, cuándo estará operando y cuales son los cambios a la ruralidad colombiana?

Microfinanzas se alimentarán de Agro Ingreso Seguro

Abecé de la reforma rural

El Gobierno transformó la institucionalidad para el campo. ¿En qué consiste, cuándo estará operando y qué cambios pretenden ponerle una bala de oxígeno a la ruralidad?

Por: María Alejandra Medina C.

De acuerdo con Censo Nacional Agropecuario, el 16 % de los productores han tenido acceso a maquinaria y 11 % a asistencia técnica. / Bloomberg

El lunes de esta semana que termina el presidente de la República, Juan Manuel Santos, expidió nueve decretos para reformar el sector rural. Era un revolcón que estaba anunciado desde la ley del Plan de Desarrollo, el cual le dio facultades extraordinarias al primer mandatario por seis meses para, entre otras cosas, liquidar el Incoder, crear nuevas entidades y reformar el sector de financiamiento agropecuario.

Con insumos que se venían conociendo desde el año pasado, como el censo agropecuario –el primero en 45 años– y las recomendaciones del grupo de trece expertos denominado Misión para la Transformación del Campo, el ejecutivo formuló elementos para hacer el sector más productivo y competitivo, y su institucionalidad, más técnica, según lo expresado por el Gobierno.

¿Qué se creó?

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, que según la Misión estuvo mal planteado desde su creación en 2003, al ser depositario de gran cantidad de funciones procedentes de cuatro entidades que fueron suprimidas, entró en liquidación y será escindido en dos instituciones: la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural.

La primera, creada por el Decreto 2363 de 2015, será la encargada, por ejemplo, de administrar los baldíos de la nación, coordinar los programas de acceso a tierra y ayudar a construir el catastro multipropósito –contemplado en el Plan de Desarrollo, ante 60 % de desactualización catastral en el campo, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)–.

La Agencia de Desarrollo Rural (Decreto 2364 de 2015), por su parte, se encargará de ejecutar planes para el desarrollo que contemplen la asistencia técnica, infraestructura, riego y comercialización en los territorios. Según el censo rural, tan sólo 16 % de los productores han tenido acceso a maquinaria y 11 % a asistencia técnica.

En este punto es importante resaltar que la Misión recomendó mirar el desarrollo no como puramente agropecuario, sino apostar por otro tipo de actividades económicas, como el turismo, servicios financieros, de información, entre otras, en las que, de hecho, las mujeres encuentran más de 73 % del empleo en el campo.

Para las mujeres rurales se creó la dirección de la Mujer Rural dentro del Ministerio de Agricultura, en lo que se decretó como una modificación a esa cartera (Decreto 2369 de 2015). Se introdujeron cambios como hacer explícito que el Ministerio se encargará de la formulación de políticas para el desarrollo de las zonas más afectadas por el conflicto, así como proteger y aprovechar los recursos genéticos vegetales y animales del país, de acuerdo con lo previsto en el Convenio sobre diversidad biológica de 1992.

La Misión recomendó crear dos nuevos viceministerios para reemplazar los actuales de Desarrollo Rural y Asuntos Agropecuarios. Los sugeridos son los de Servicios y Bienes Públicos y el de Desarrollo Rural Territorial, precisamente para ampliar la visión de un campo desarrollado a punta solamente de actividades agropecuarias. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, dijo a El Espectador que todavía no se sabe si esa será la estructura que adopte la cartera, pero se espera que entre febrero y marzo de 2016 estén listos otro cambios dentro del Ministerio, como la creación de la Dirección de Agricultura Familiar, actividad que hoy compone más de 70 % de la producción y en cuya potenciación y protección insistió la Misión.

Se creó, en el Decreto 2366 de 2015, la Agencia de Renovación del Territorio, que se encargará de implementar la política de sustitución de cultivos ilícitos. “Transformará el territorio de manera integral mediante Planes de Intervención Territorial construidos con sus habitantes y los gobiernos locales”, de acuerdo con el Ejecutivo.

También se conformó el Consejo Superior de la Administración de Ordenamiento del Suelo Rural (Decreto 2367 de 2015), que será presidido directamente por el presidente de la República. Esta instancia busca definir cuál es la vocación del suelo para orientar a productores e inversionistas. “Este consejo busca alinear las acciones del Gobierno en el uso del suelo y así dirimir los conflictos intersectoriales que hoy no tienen una instancia de decisión”, dijo el Gobierno.

Identificar la vocación de los suelos es una labor que ha venido asumiendo el brazo técnico del Ministerio en la materia, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). A la pregunta de si determinar la vocación de un territorio se puede convertir en una camisa de fuerza para los productores, el ministro Iragorri afirmó que el Gobierno pretende dar una asesoría para sembrar “lo que toca donde toca”. Quienes decidan acogerse a esas sugerencias y reconvertir sus cultivos podrán gozar de los beneficios (como asistencia técnica y acceso a crédito) prometidos por el plan Colombia Siembra, que busca sembrar un millón de hectáreas nuevas en tres años.

Otro de los organismos creado es el Consejo Superior de la Administración para la Restitución de Tierras (Decreto 2368 de 2015). “Este consejo coordinará las acciones interinstitucionales para garantizar una ejecución integral de la política”, según el Ejecutivo. Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, entidad que ejercerá la secretaría técnica del naciente Consejo, explicó que el objetivo es resolver problemas o ineficiencias en el proceso restitutivo con los ministros o funcionarios que puedan tomar decisiones. Estarán los de Agricultura, Defensa y Justicia, el Departamento Nacional de Planeación, la Agencia de Tierras, la de Desarrollo Rural, la Superintendencia de Notariado y Registro y el IGAC.

La reforma toca las finanzas para el agro (Decreto 2370 de 2015). Por un lado, se amplían las fuentes de las que se alimenta el Fondo de Microfinanzas. Para llegar a pequeños productores y combatir el “gota a gota”, el Gobierno decretó que ese Fondo recibirá los recursos de Agro Ingreso Seguro, que sólo se podrán transferir una vez. Asimismo, se recibirá dinero del presupuesto de la nación, de convenios con otras entidades, rendimientos financieros, entre otros. Por último, a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, rectora del financiamiento del sector, entrará el ministro de Hacienda y saldrá el Banco Agrario.

¿Cuándo estará listo?

Según el Gobierno, las nuevas agencias tendrán que estar en operación en febrero de 2016. Los cambios en el Minagricultura que aún no se han dictado por decreto serían anunciados entre febrero y marzo de 2016.

¿Cuánto costará?

“El costo de todo lo que se hizo en la reforma, en los nueve decretos, en relación con el presupuesto actual del Ministerio de Agricultura y las entidades adscritas, es cero”, aseguró el ministro de Agricultura.

¿Qué pasará con el Incoder?

El Incoder deberá ser liquidado en un año, con posibilidad de prórroga. El cargo de gerente general, que hasta esta semana ocupó Rey Ariel Borbón, fue suprimido el 7 de diciembre, con la expedición del Decreto 2365 de 2015. El liquidador será Mauro Rodrigo Palta, quien se venía desempeñando como secretario general de la entidad.

Según el minagricultura, el 31 de diciembre próximo se terminarán los contratos de más de 1.800 contratistas del Incoder y unos 329 empleados que son de carrera, de un total de más de 600 de planta, podrán ser ubicados en las nuevas agencias, sólo si cumplen con las condiciones requeridas, o acogerse a un plan de retiro voluntario.

¿Qué opinaron algunos sectores?

De acuerdo con la exministra de Agricultura Cecilia López, integrante del consejo directivo de la Misión, la reforma a la institucionalidad hecha por el Gobierno parece haber atendido la recomendación más urgente: la liquidación del Incoder y la creación de la agencia de Desarrollo Rural y la de Tierras.

Óscar Gutiérrez, director de Dignidad Agropecuaria, dijo a este diario: “lo más grave es que lo que se quiere hacer con la reforma al Ministerio de Agricultura es adecuarlo para que se desproteja la pequeña y la mediana producción, se niegue toda posibilidad de acceso a la tierra por parte de los trabajadores agrarios y de esa forma facilitar que grandes monopolios nacionales y extranjeros accedan a ella a través de concesiones”.

Por su parte Mario Bonilla, codirector de Agrosolidaria, un organización que promueve la agricultura familiar, opinó que su preocupación “es que tenemos una institucionalidad muy centralista, que no hace presencia en los territorios. Necesitamos una más cercana a los indígenas, a la gente”. Por eso, “falta ver la operación, porque si no, se convertirá en un ‘pool’ de burocracia que cambió de nombre”.

FUENTE: 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/abece-de-reforma-rural-articulo-604774