Por: Yolima Vargas Garzón @yoligrilla
El agua: un Derecho Fundamental
¡A este paso, un día nos terminarán cobrando hasta por el sol y el aire que respiramos!
Esta irónica frase que solían usar los adultos cuando era niña, ha ido convirtiéndose en un vaticinio a medida que se ha empezado a cumplir al pie de la letra.
Hace menos de medio siglo era ficción pensar que cobrarían el agua lluvia, hasta que en 1999 en Latinoamérica presenciamos la “Guerra del agua en Bolivia“. Todo empezó cuando justificados en una noble causa, la de construir infraestructura para aumentar la cobertura del servicio de agua potable y llegar así a los más pobres, el gobierno del entonces presidente Hugo Banzer entregó a una trasnacional la concesión por 40 años de la empresa pública de agua de Cochabamba.
La concesión, apoyada en la Ley del agua expedida por ese gobierno, resultó en el aumento de entre el 30 y 300% de las tarifas, el cobro y prohibición de recolección de aguas lluvias, el aislamiento con rejas y seguridad privada de las fuentes públicas de agua y el incumplimiento del compromiso de ampliar la cobertura del servicio.
Debieron ser momentos dramáticos para los cochabambinos, que como consecuencia a los altos precios tenían restringido el acceso al agua; esto motivó un gran levantamiento popular en Cochabamba reprimido por las fuerzas militares, que después de casi cuatro meses de batallas en las calles de la ciudad, un joven muerto y más de 300 heridos de bala, triunfó en abril del año 2000 logrando revertir las tarifas y expulsar a los concesionarios que huyeron del país en medio de las protestas.
La experiencia de Chocabamba hoy cobra gran relevancia al compararla con el sistema de agua prepago lanzado por la EPM, una empresa estatal de servicios públicos, de propiedad del municipio de Medellín. Este servicio propone un contador especial para viviendas de familias “que no pueden pagar una factura mensual de agua”, de modo que solo tengan acceso al líquido si lo pagan con anticipación. Repitiendo la fórmula usada en Bolivia, la EPM justifica este sistema como una estrategia para ampliar la cobertura y además facilitar el acceso a aquellos a los que se les ha cortado el servicio por falta de pago.
El agua prepago está a la espera de ser legislada y si lo logra se convertiría en una amenaza de grandes proporciones para el derecho fundamental de acceso al agua potable en Colombia. Pero hay esperanza, pues es muy probable que el sistema pueda ser demandado, ya que desde 1992 la Corte Constitucional de Colombia se ha inclinado a favor de un mínimo vital gratuito y pronunciado a favor del “agua potable como derecho fundamental”, apoyándose en la interpretación de la Resolución 64/292 de la ONU sobre el derecho humano al agua y saneamiento.
En el caso de Cochabamba privatizaron la empresa pública de agua para justificar medidas crueles que restringían de manera deliberada el acceso al agua potable, en Medellín no hizo falta privatizar la EPM para proponer este sistema que termina restringiendo el acceso al mínimo vital de agua potable, ¿qué se puede decir al respecto?
Lo primero, es que contrario a lo sucedido en Bolivia, al ser la EPM una empresa estatal una lucha jurídica en contra del “agua prepago” sería más fácil de asumir, pues se llevaría a cabo en el escenario nacional de acuerdo a la Constitución y normas del país. En el caso de Cochabamba fue más problemático pues una vez expulsados por la presión popular, los concesionarios demandaron a Bolivia ante un centro de arbitraje, y aunque Bolivia salió bien librada gracias al apoyo internacional, estos pleitos entre naciones y trasnacionales son costosos y muy difíciles de ganar (Ejemplo: Dolorsamente Colombia debe pagarle $60 mil millones a Drummond).
Lo segundo, es que la “guerra del agua en Bolivia” dejó una mala imagen de las empresas privadas de servicios públicos en Latinoamérica. Hoy se les mira con desconfianza y se las asocia con abusos en las tarifas e insensibilidad a las condiciones particulares de los pueblos, ¿pero qué pasa si es una empresa estatal como la EPM la que toma medidas en desfavor de los ciudadanos? Una posibilidad es que a través de esta estrategia se legalice un marco de medidas abusivas que puedan ser replicadas por empresas privadas de servicios públicos, pero sin asumir la fama de impopularidad, y otra posibilidad es que una vez la EPM logre legalizar el sistema de agua prepago sea más atractiva para empresas privadas interesadas en adquirirla.
Medellín no se puede permitir retroceder en los logros de iniciativas ciudadanas como el referendo del agua, que aunque no logró un impacto nacional, si fijó las bases teóricas para que en algunas ciudades como Medellín (2500 L y 180 mil beneficiados ) y Bogotá (12000 L y más de 3 millones beneficiados) se implementara el sistema del mínimo vital gratuito de agua potable para la población más vulnerable.
En Colombia entera deben surgir voces de rechazo y resistencia cívica a la propuesta de “agua prepago” de la EPM, en lugar de esto es hora de revivir el debate del mínimo vital gratuito de agua potable ampliado incluso al estrato tres, además de cuestionar el marco legal por el cuál las empresas de servicios públicos cortan el servicio de agua por falta de pago (Empresas no podrán cortar servicio de agua por falta de pago).
Restringir a los ciudadanos el acceso al agua potable es una acción brutal e inhumana, que no encuentra justificación alguna. Es despiadado por parte de la EPM divulgar la idea de que “…lo primordial en una casa es el agua y nadie se la va a regalar a uno”, pues la EPM no le regala nada a nadie, el agua es de todos los colombianos y su labor como empresa estatal es distribuirla de manera justa. No es posible que la EPM le regale a los ciudadanos lo que ya les pertenece.
FUENTE:
http://blogs.elespectador.com/yoligrilla/2015/07/24/un-dia-de-estos-nos-cobraran-hasta-el-aire/
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