Alfredo Molano hace un análisis del movimiento campesino y demuestra las bondades de esta figura
Por: 2Orillas
mayo 14, 2014
El sociólogo Alfredo Molano lleva toda su vida recorriendo el país rural. Conoce como nadie el mundo campesino y sus necesidades y posibilidades, pero también sus dificultades. Molano es uno de los conceptualizadores de la figura de las Zonas de Reserva Campesina y junto al antropólogo Darío Fajardo realizaron una propuesta a partir del análisis de las experiencias de comunidades de colonos campesinos cocaleros durante los paros de los años 90, que fue acogida por el ministro de Agricultura José Antonio Ocampo en el gobierno de César Gaviria e incorporada a la Ley 160. La Ley fue reglamentada en 1994 en el gobierno Samper con Cecilia López como ministra de Agricultura y busca garantizar la permanencia y la actividad económica de comunidades campesinas en tierras baldías donde han estado asentadas durante años.Se busca también evitar la acumulación de la propiedad en estas zonas de producción parcelaria.
La Ley 160 de 1994 dice textualmente: “Se crean las Zonas de reserva campesina con el propósito de regular la ocupación y el aprovechamiento de las tierras baldías de la nación, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos, y establecer zonas para el fomento de la pequeña propiedad rural, con sujeción a las políticas de conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y a los criterios de ordenamiento territorial que se señalen”. Paralelamente, la ley definió la Unidad Agrícola Familiar, UAF como empresa básica de producción según las condiciones del territorio y con tecnología adecuada, favoreciendo el trabajo remunerado y la disposición de un excedente para construir patrimonio en el campo.
La figura de las ZRC fue apoyada por el Banco Mundial y recibió apoyo económico para su implementación en programas piloto fue en la zona del Pato-Guayabero en el Caquetá. Actualmente hay ocho zonas que ocupan una extensión de 800.000 hectáreas. Campesinos de distintos sectores del país han solicitado 10 millones de hectáreas nuevas y hay más de 1 millón en trámite, es decir que las comunidades interesadas presentaron los documentos exigidos y el Estado, a través del Incoder, ha aceptado su solicitud.
Durante el mandato de Álvaro Uribe, las ZRC fueron señaladas de ser refugios de la guerrilla de las FARC, razón por la cual le fue quitada la personería jurídica a la de Cimitarra, una de las más consolidadas, y se interrumpió el proceso de estudio de solicitudes. En el gobierno Santos el Incoder, con Juan Manuel Ospina como director y Juan Camilo Restrepo como ministro de Agricultura se devolvió la personería jurídica y se desbloque el proceso de las solicitudes, aunque al final del gobierno y después del paro agrario del Catatumbo el gobierno frenó las adjudicaciones.
Con el nuevo intento por firmar la paz en Colombia que tiene lugar en La Habana (Cuba) entre el Gobierno y las FARC, se ha abierto la discusión sobre esta figura cuyas bondades aparecen en el Documento de Acuerdo sobre desarrollo rural en el que se plantea la posibilidad de aplicar la consulta previa; serían reconocidas como espacios de población vulnerable que requiere protección especial; y los ex combatientes regresarían al campo para ejercer sus derechos civiles en lugar de volver a empuñar las armas.
Oxfam le solicitó a Alfredo Molano la elaboración de un documento sobre las Zonas de reserva campesina y su impacto en el campo colombiano cuyo resultado es éste trabajo.
Alfredo Molano
Abril de 2014
1. Surgimiento
Para definir las ZRC es necesario describir primero cómo nacieron. Hay tres antecedentes que contribuyen a explicar la emergencia de la figura jurídica:
En 1972 entre los jefes políticos de los dos grandes partidos y los gremios agropecuarios, se firmó en Chicoral un pacto para reducir los alcances de la Ley de Reforma Social Agraria (Ley 135 de 1961) y debilitar el Incora. A su vez, el Partido Conservador acusó al movimiento campesino de terrorista y el Gobierno reprimió violentamente las movilizaciones y protestas de la ANUC. La Ley 4ª del 73 autorizó la calificación predial para determinar su productividad y sobre esa base echar abajo la posibilidad de expropiación. Creó la renta presuntiva de la tierra, una medida imposible de aplicar, y devolvió con la Ley 6 de 1975, llamada de Aparecería, los privilegios a los terratenientes. Por último, la Ley 5ª creó un sistema de financiación para los cultivos de mayor rendimiento. En pocas palabras, liquidó la Reforma Agraria.
A instancias de la ANUC se fortaleció la organización indígena en Cauca y en 1971 se creó el CRIC, que inició un movimiento de recuperación de los territorios ancestrales y de ampliación de los resguardos. A comienzos de la década del 80, y por iniciativa del CRIC, se creó la ONIC. La organización del movimiento indígena fue determinante para que la Constitución del 91 reconociera el carácter multicultural de la nación y la autoridad territorial indígena. Al mismo tiempo, con el artículo transitorio 55, abrió la posibilidad de crear los Consejos de Comunidades Negras ancestrales.
Desde mediados de los años 70 y casi como una respuesta a la liquidación de la reforma agraria, el cultivo comercial de la hoja de coca se comenzó expandir por algunas regiones del país y sustituyó el cultivo de marihuana, que entró en decadencia. La década del 80 será de grandes movilizaciones campesinas en el Magdalena Medio y en el piedemonte oriental de la cordillera oriental.
En el piedemonte llanero se había dado la confluencia de varios flujos de colonización desde los años 50, pero a raíz del Pacto de Chicoral y de la Ley 5ª, la gran empresa agropecuaria desplazó a los campesinos de sus mejoras y los empujó hacia el suroriente. Un sector importante invadió el Parque de La Macarena. La colonización campesina se encontraba en decadencia total cuando la mafia de las esmeraldas (Manteco Murcia y Rodríguez Gacha) introdujo el cultivo de la coca en el sur de Meta, Guaviare y Caquetá.
La crisis de la economía campesina de colonización es, llamémosla, una ley inexorable bajo dos condiciones: que el campesino entre a la colonización sin capital de trabajo y que se enfrente a tierra virgen. En otras condiciones esa crisis tendría desarrollos diferentes, que aquí no tocamos.
El colono es casi siempre un desplazado de otras regiones bien por efectos de la violencia, bien por la llamada explosión demográfica del minufundio, bien por el desempleo urbano. En ciertas coyunturas al Guaviare llegó gente de la cuidad a rebuscarse en el campo.
El colono entra, como se dice, “con lo del pasaje”, no trae sino unos pocos pesos que logró salvar del ”naufragio pasado”. Muchos son colonos profesionales que ya han hecho abiertos es otras zonas, y fracasado en ellos. Entra con su mera experiencia y empujado por fuerzas del mercado y contando sólo con las propias: su familia: una mujer, un par de hijos volantones, unas pocas herramientas, unos metros de paroid para “plantarse, levantar un par de paredes y decir: esto es mío…
Tumbar nuestras selvas –aun siendo como todas las que todavía quedan entresacas–, es una hazaña. Tumbar un árbol de tres abarca dudas, es una proeza, y tumbar 30 para hacer un derribe es un descomunal esfuerzo. Sobre ese derribe, en el verano, quema y sobre las cenizas, bota maíz, para que tenga comida en tres meses. Alrededor del cambuche –palma, paroid, costales, madera– hace un conuo para sembrar yuca, plátano, yerbas, cebolla. De eso tendrá que vivir. Tiene también un par d gallinas, un marrano. Así comienza. Varias de estas cosas son de entrada una deuda que le ha abierto un comerciante en el pueblo o en la trocha. En un año puede estar sembrando maíz, arroz y unos bloques de madera fina para vender. Tienen que transportarla cosecha y la madera al mercado. Tiene un costo, que el épocas de cosecha se eleva, como se disminuye también el precio de venta de lo que saca porque todos los colonos sacan lo mismo y en la misma época. Total desplome de precios de compra y elevación de los costos de transporte. Esas constantes no se modificarán, se agravarán porque los nuevos colonos que llegan hacen bajar los precios de sus productos.
El comprador es el rey: pone los precios, se asocia con otros para bajarlos al mínimo y además, le abre crédito al campesino para “ayudarle a vivir”: sal, aceite, ropa, herramientas, aguardiente, cigarrillos y algún capricho para la mujer y un par de dulces para los niños. Esa deuda se acumula y se agranda. Cada año el colono ha abierto otras cinco hectáreas y después otras y así hasta llegar a 30 o más. Ha invertido todo su trabajo y ha abierto una deuda creciente con el comercio. La fertilidad natural de la tierra, sometida a la quema anual de rastrojo joven, va perdiendo su capacidad productiva, cada vez da menos porque, como es explicable, el colono no usa abonos, ni insecticidas, ni ayuda técnica alguna. Al final de los siete u ocho años, el comerciante –los comerciantes– le hace cuentas y le muestra que es impagable la deuda acumulada. Pero tiene cinco o 10 hectáreas desmontadas, con trocha y casa de madera. Se arreglan las cifras y el colono le pide un favor: ábrame otro crédito, para meterse más adentro, y quédese con la mejora. La mejora, con otras mejoras colindantes manejadas por el mismo comerciante, se convierte en poco tiempo en una hacienda ganadera; en muchas terminan trabajando los mismos colonos o sus hijos e hijas: El colono que no se queda porque es un aventurero, se vuelve a meter más adentro y vuelve a recorrer el mismo círculo. Conozco colonos que en 50 años han hecho siete fincas, todas vendidas en las mismas circunstancias.
El colono, sin ningún apoyo del Estado, vive en una bancarrota permanente. Su verdadera mercancía que produce es la mejora, no el maíz, ni el arroz, ni la marrana. Es la tierra desbrozada y lista para sembrarle pasto.
En esta tan dramática situación llega primero la marihuana y luego la coca. Con escepticismo van entrando poco a poco al negocio del cultivo. Las Farc lo prohíben al comienzo por considerarlo una estrategia diabólica del imperialismo para destruirlos, envenenarlos, enviciarlos. Pero unos meses después ven que ya yerba, y después la coca, si da: que les resuelve casi todos los problemas: el transporte de la coca es barato, inclusive si se cuenta la gasolina y otros insumos necesarios para producirla. Los compradores son además verdaderos agentes de crédito: adelantan al colono todo o que necesita para cultivar la hoja y sacar la merca. La diferencia es notable. Por primera vez en su vida, el colono percibe una ganancia por su trabajo; por primera vez todo lo consumido es inferior a lo que vende.
El precio de la “merca” o de la base es siempre rentable, siempre hay además compradores dispuestos a comprar, la autoridad mira para otro lado y la Policía coopera. Más aún, la guerrilla poco a poco ve que sus bases –los campesinos– “encuentran el modo” y después de dos ventas, terminan por entrar en el negocio por la vía tributaria: cobrando como “gramaje” el 20% de lo producido, que queda en sus manos. La ventaja es que existiendo guerrilla en la zona, el Ejército entra con mucho mayor costo y en general no sostiene su presencia.
En pocos años, aun pagando los créditos, contando aún con el declive de la fertilidad y el aumento del consumo familiar, el trabajo le da ganancias y así, el campesino puede comprar un motor, meterle “material” a la casa, emborracharse, llevar a la mujer a la peluquería y comprar un radio o un viejo televisor. ¿Quién le quita esa vida que logró? Difícil que vuelva atrás, a abrir montaña para hacerle ganadería al comerciante. En esa vía de progreso, de acumulación de un pequeño capital, la guerrilla es pieza clave: es la autoridad legítima que defiende sus intereses por razones política –es su gente– y por razones económicas –son sus tributarios–.
El Parque de la Macarena representó para los colonos cultivadores de coca un verdadero refugio aunque no conocieran las reglamentaciones legales. En toda la región el cultivo de la coca tomó una gran fuerza debido a la bancarrota de la economía campesina de colonización. El Gobierno reaccionó amenazándolos con sacarlos del parque.
Al mismo tiempo, de los acuerdos de la Uribe entre las FARC y el gobierno de Belisario surgió la UP. El piedemonte había sido colonizado en buena medida por campesinos desplazados de Tolima y de Huila que habían tenido nexos con el movimiento guerrillero anterior y posterior a la toma de Marquetalia y por esta razón el nuevo partido creció rápidamente y al mismo ritmo los asesinatos y las desapariciones de sus dirigentes. A fines del año 85, 20.000 campesinos se tomaron San José del Guaviare pidiendo títulos, créditos, caminos, escuelas, puestos de salud y, naturalmente, el respeto a la vida. El Gobierno firmó acuerdos sobre las demandas, que desconoció al día siguiente. Entonces en el 86 volvieron los colonos a movilizarse con idénticas banderas y fueron detenidos, pero el Gobierno accedió a firmar un compromiso que replanteó el manejo del área protegida, al sustraer miles de hectáreas de la zona intangible y crear los Distritos de Manejo Integrado.
En estas movilizaciones surgió la idea de pedirle al Estado algo parecido a un resguardo indígena o a un parque nacional que permitiera el trabajo y al mismo tiempo impidiera que una vez hechas las mejoras, ellas fueran concentradas en haciendas. En realidad lo que pedían era que les permitieran con las utilidades de la coca –o con programas del Gobierno– transformar las mejorasen fincas y a la vez impedir que una vez logrado este nivel de desarrollo y de acumulación, se impidiera, como en los resguardos, que comerciantes y terratenientes entraran a las buenas o a las malas –como venía sucediendo– a desalojar campesinos y apropiarse de su trabajo acumulado. La primera formulación de la figura fue publicada por la revista Ecológica en los mismos días en que se celebraba la cumbre en Río, y se llamaron Resguardos Campesinos.
La iniciativa se generalizó muy rápidamente gracias a que algunos sindicatos agrarios –Cabrera, Guaviare, Magdalena Medio, El Pato, Huila– y juntas de acción comunal hicieron de la figura una bandera. En el fondo se trataba de una demanda de territorialidad campesina, lo que indirectamente sugería un replanteamiento del ordenamiento territorial.
Fueron los días en que el gobierno de Gaviria adoptó el Consenso de Washington con la llamada apertura económica. Algunos sectores de la academia vinculados a la política se dieron cuenta del grave impacto que esa política traía para el campo y de las consecuencias que un empobrecimiento campesino significaría para el desarrollo de las guerrillas. Planteó entonces el Gobierno, por boca de Carlos Ossa Escobar, como consejero de paz, la posibilidad de otorgar títulos de propiedad y programas de desarrollo en la región de la Julia, en el río Duda, a cambio de los cultivos de coca. Era una forma de aproximar la figura de Reserva Campesina como un programa de sustitución de cultivos ilícitos. El proyecto no prosperó, pero en los círculos gubernamentales quedó flotando la perspectiva.
En resumen, fue la crisis de la economía campesina de colonización que condujo al cultivo de la coca y a la figura de Reserva Campesina, que implicó de manera indirecta revivir el tema del ordenamiento territorial.
Fue en 1994, un día antes de terminar la administración Gaviria –y aprobado por Samper como sucesor– cuando se firmó la Ley 160. El artículo noveno define claramente las funciones de la ZRC: “Regular la ocupación y el aprovechamiento de las tierras baldías de la Nación, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos, y establecer Zonas de Reserva Campesina para el fomento de la pequeña propiedad rural, con sujeción a las políticas de conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y a los criterios de ordenamiento territorial y de la propiedad rural que se señalen”.
La ley creó paralelamente las Zonas de Desarrollo Empresarial, que serían áreas donde las iniciativas empresariales agropecuarias tendrían incentivos importantes. Se trataba de equilibrar, con esta carta, la jugada a favor de los colonos. Serían también, en principio, tierras baldías que al ser tituladas, el Estado entraría a financiar su actividades económicas y de pequeñas obras de infraestructura, a cambio del pago oportuno de impuestos y con la condición de que si no se hacían estos pagos, las tierras volverían al Estado, es decir, serían expropiadas. El requisito de pagar impuestos para un empresario agrario es considerado un abuso autoritario. En el campo no se pagan impuestos. Por esta razón desde el 94, hace 20 años, rige la ley y ningún empresario ha ido a pedirle al Gobierno que apique la ley cree una zona de desarrollo empresarial. A lo que hay que agregar en su favor que esas zonas posibles están infiltradas por la guerrilla.
La ley definió también la Unidad Agrícola Familiar (UAF), pieza maestra que quedó definida como “empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio. Para ser explotada, la UAF no requerirá normalmente sino del trabajo del propietario y su familia, sin perjuicio del empleo de mano de obra extraña si la naturaleza de la explotación así lo requiere”. Posteriormente, la Resolución 41 de 1996 del Incora definió los tamaños de las UAF, “según las características de la zona de ubicación y el uso predominante del suelo: agrícola, ganadero o mixto”.
A mediados de los años 90 volvieron a movilizarse los colonos campesinos, en esta ocasión como protesta contra la fumigación de cultivos de coca en Caquetá. No se trataba sólo de pedir la suspensión de los operativos, sino de exigir el cumplimiento de los programas de sustitución de los cultivos ilícitos, que, por lo demás, ya se habían generalizado a regiones centrales donde no existían baldíos, como en los frentes de colonización. Así, las ZRC se convirtieron en una figura aplicable en todo el territorio nacional. Se reglamentó también la fumigación y se excluyeron de ella a las medianas y pequeñas parcelas.
La ley también reglamentó la adjudicación de baldíos nacionales considerando que el acceso a la tierra por parte de los campesinos pobres es una condición de paz. Por tanto, determina “regular la ocupación y el aprovechamiento de las tierras baldías de la nación dando preferencia en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos”. Posteriormente la Corte Constitucional (C-595 de 1995) aclaró que en el caso de los baldíos la famosa función social de la propiedad debe beneficiar a la sociedad “dándole destinación o uso (a la propiedad) acorde con las necesidades colectivas y respetando el derecho de los demás”. Más claro (C- 536 del 97): prescribe limitar la adjudicación de baldíos… a una unidad de explotación económica denominada UAF. Más adelante es aún más explícita: “…prohíbe a toda persona adquirir la propiedad de territorios inicialmente adjudicados como baldíos si la respectiva extensión excede de una UAF. Para rematar este título, en 2013 el Incoder, en Antioquia, Meta, Vichada, Guaviare, Caquetá, Guainía, Amazonas, Norte de Santander y Santander, una vez revisados los títulos de adjudicación encontró una “verdadera defraudación a los bienes de la Nación” con la apropiación ilegal de tierras a través de la titulación de baldíos.
Durante el gobierno de Samper se aprobó la mayoría de las ZRC que existen hoy, que suman un total de 800.000 hectáreas; en trámite hay un poco más de un millón de hectáreas, pero solicitadas, un poco menos de 10 millones. En trámite significa que los colonos han presentado la mayoría de papeleos exigidos y el Estado ha aceptado dar curso al derecho que tienen según la ley. La solicitud de los 10 millones de que se habla es por tierras que el campesino ya ha instalado quiere que sean acogidas bajo la figura de ZRC, así no sean baldíos, como lo autoriza el desarrollo de la ley. En general la solicitud la hacen sindicatos, federaciones agrarias, juntas de acción comunal y hasta veredas. En el gobierno de Uribe fueron consideradas territorios de refugio estratégico de las FARC y el primer ministro de Agricultura de Santos las calificó tal como los militares las han llamado: “repúblicas independientes”. Uribe persiguió con inusitada saña la de Cimitarra, Antioquia. Canceló la personería jurídica a la Asociación de Campesinos, persiguió a sus dirigentes y resultaron muertos más de 15 de sus asociados, muchos en falsos positivos.
Una de las primeras medidas en materia agraria tomadas por Santos fue devolverles la personería jurídica y permitir y financiar el primer encuentro de Zonas de Reserva Campesina en Barrancabermeja. Los militares temen que hoy existiendo guerrillas, las ZRC se conviertan en zonas vedadas de donde debe salir la fuerza pública, es decir, “despejadas” Es un miedo mítico que atormenta la paranoia militar. La fuerza pública, con autorización o sin ella, ha entrado donde quiere sin cortapisa legal alguna y lo ha hecho, o lo hace, sin que nadie se lo impida. Es una manera de atravesarse con un argumento militar a una demanda campesina legítima. La otra objeción civil, académica y real es que en las ZRC no actúa sino de manera limitada la ley de oferta y demanda de tierra. Todos los propietarios pueden vender sus fincas, pero ninguno de ellos puede comprarles a los vecinos cinco fincas o ningún comerciante puede llegar a comprar las cinco fincas que están regiones donde haya ZRC para hacer su ganadería. Esa ley de la acumulación de capital como concentración de tierras en algunas zonas sería imposible. Eso los irrita: no puede haber zonas vedadas a nuestros intereses, argumentan.
El tema de la negociación de La Habana ha agregado una nueva discusión sobre las reservas campesinas sobre tres puntos: 1) Pueden las ZRC ser consideradas territorios campesinos en donde es aplicable la Consulta Previa. Después del Paro Campesino del año pasado la expresión CULTURA CAMPESINA, un elemento necesario para ser considerada una colectividad objeto del Convenio 169, ha tomado gran fuerza.
El paro que se desarrollará en mayo terminará destacando esta solicitud.2) El presidente Santos ha declarado que no les dará a las Farc circunscripciones electorales especiales, pero aceptó que su gobierno las daría a aquellas zonas particularmente golpeadas por la violencia. Esto significa que el Estado las reconocería como un entidad vulnerable que requiere de protección especial para acceder al poder en términos de igualdad. 3) Las ZRC son una de las más sólidas estrategias para contribuir a que la desmovilización de las guerrillas no equivalga a la desorganización anárquica y terminen los exguerrilleros desempleados utilizados como sicarios y dedicados a la extorsión, como ha sucedido con otras desmovilizaciones. Los guerrilleros son campesinos y deberían regresar al campo para mantener su poder de organización civilmente, como ciudadanos asociados. Ello permitiría una opción económica pero también política y social
Preguntas para los candidatos
¿Cree usted que es adecuado el actual ordenamiento territorial, basado en criterios político-administrativos y electorales?
En su concepto, ¿Por qué han fracasado –políticamente hablando– iniciativas para un reordenamiento territorial con base en criterios ambientales (para poder definir con arreglo a principios científicos el uso del suelo y del subsuelo y ahora del vuelo superficial) y sociales (para distribuir de una manera más equitativa el territorio y hacer compatible las áreas protegidas, los territorios colectivos, las reservas forestales, las zonas de reserva campesina y las zonas de desarrollo empresarial)?
De un poco más de 100 millones de hectáreas tierra en uso, el 30% está en ganadería extensiva y menos del 5 % en agricultura. Con sólo el 15% de la tierra en ganadería bien utilizada se podría sostener el hato que existe. ¿Qué se opone a que se imponga por vía tributaria –por ejemplo– ese cambio de uso del suelo para aumentar la producción agrícola y permitir a campesinos y empresarios el acceso a ese 15%?
Los empresarios del agro –palma, caña, forestales– son partidarios de las Asociaciones Productivas en lugar de las Zonas de Reserva Campesina. ¿Se podría dar a unos y a otros la misma cantidad de tierra, de la misma calidad, para que cada sector desarrolle su modalidad?
Frente a los TLC firmados existen dos opciones: modificar los vigentes –y según esta modificación negociar los próximos– o adoptar una política de apoyos a la pequeña y mediana producción con créditos baratos o subsidiados, tarifas de transporte también subsidiadas, y acceso a semillas e insumos baratos. ¿Qué obstáculos cree usted que se atraviesan en estos caminos?
La gran propiedad, dice Kalmanovitz, evade impuestos y no permite elevar los prediales, y por tanto no se avendrá con una reforma tributaria que castigue las tierras ociosas o de baja productividad. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pasará con la revisión y la actualización del catastro acordada en La Habana?
Los Resguardos Indígenas y los Consejos Territoriales negros son objeto de consulta previa (Convenio 169 de la OIT) en función de su cultura y de su vulnerabilidad. Basados en los mismos criterios –cultura, vulnerabilidad–,¿sería posible extender ese derecho también a los territorios campesinos definidos como ZRC?
El artículo 79 de la Constitución abre un espacio para la participación de las comunidades campesinas en todas aquellas decisiones que les puedan afectar y por tanto un compás a la autodeterminación territorial de ellas. ¿Es aplicable –y en qué condiciones– la norma?
Los militares afirman que las ZRC son áreas de repliegue estratégico de las guerrillas, algunos políticos dicen que son repúblicas independientes. ¿En qué se pueden fundar estas afirmaciones?
Según varias normas, como la Ley 164 del 94, que crea las ZRC, los baldíos deben ser adjudicados principalmente a campesinos pobres, pero la realidad es que gran mayoría de esas tierras ya han sido adjudicadas y transferida su propiedad y su dominio a grandes empresas. ¿Qué se podría hacer hoy para crear el fondo de tierras aprobado ya en La Habana si los baldíos no adjudicados son una parte ínfima?
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Por: 2Orillas
mayo 14, 2014
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