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Por: Alfredo Molano Bravo.
Especial para El Espectador-Colombia
Recuerdo vagamente la primera vez que viajé por el río Catatumbo desde Filo Gringo hasta La Gabarra. Llegué por Tibú, que era una pequeña ciudad petrolera en plena actividad; la CUT estaba recién fundada y Lucho Garzón, quien había impulsado su creación desde la Unión Sindical Obrera (USO), era su primer presidente.
Los obreros mandaban en la Alcaldía y en los sistemas educativo y de salud pública; regulaban el mercado por medio de un sólido aparato cooperativo y controlaban el reclutamiento de trabajadores. Ecopetrol no daba un paso en la región sin consultar a la CUT. La historia de este poder comienza con la “Huelga del Arroz”, a mediados de los años 30, casi al mismo tiempo con la explotación petrolera en el país.
La protesta estalló porque la compañía tenía restaurantes diferentes para obreros, empleados y directivos, lo que se consideró excluyente y deshonroso. Pero el verdadero cargo que encendió la hoguera fue la falta de arroz en el menú de los obreros, porque la mayoría era de origen campesino, de regiones cálidas donde poco o nada se comía papa, la parte sustanciosa de la dieta impuesta por la empresa.
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Ese origen fue también la causa de una solidaridad a toda prueba de los colonos con los trabajadores. La colonización campesina fue jalonada por la construcción de trochas y campamentos que la explotación petrolera requería.
Muchos campesinos llegaron desplazados por las medidas de protección que los hacendados santandereanos montaban a raíz de la promulgación de la función social de la propiedad —Ley 200 del 36—. La huelga del arroz fortaleció el poder sindical y la economía campesina.
La Colombian Petroleum Company (Colpet), como todas las inversiones extranjeras, no tenía buena imagen desde la masacre de las bananeras en el año 28, y tenía enorme interés en los depósitos de petróleo. Por eso organizó unos años atrás una verdadera cacería de indígenas bari con pandillas armadas gringas para correr la frontera y salvar de las flechas a sus trabajadores.
Más aún, desde sus avionetas se lanzaba dinamita sobre poblados de los motilones, un recuerdo vivo en las comunidades bari. Las armas y la dinamita se complementaron con la intensificación de las cruzadas de evangelización llevadas a cabo por capuchinos catalanes primero, y luego por pastores protestantes.
La colonización de la frontera con Venezuela fue acelerada por la violencia de los años 50. Pueblos como El Carmen, Cucutilla y Salazar fueron destruidos por esa siniestra trinca entre gamonales, clientelas electorales y Fuerza Pública. Los campesinos liberales huyeron buscando protección de Venezuela y abrieron regiones a la economía del arroz y del café en el Zulia. Otros resistieron la embestida mediante cuadrillas armadas que amenazaron no sólo la economía petrolera, sino la estabilidad política regional.
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El arbitraje militar de Rojas Pinilla fue una paz efímera que no logró perpetuarse porque las causas económicas y sociales de la violencia no fueron resueltas. A mediados de los años 60 el Eln, que había continuado la insurgencia liberal de Rafael Rangel en la región de Chucurí, fue desplazado hacia el Perijá y entró a la región por la vía de Pailitas, Ocaña, Convención y Tibú. Sin duda las luchas obreras de la USO y campesinas dirigidas por la Anuc facilitaron su enraizamiento.
Desde la Costa Atlántica llegaron los compradores de marihuana y base de coca, que estimulaban los cultivos ilícitos y mejoraban sustancialmente la economía campesina y su resistencia política. El cultivo de coca llegó por La Gabarra y rápidamente se extendió por Filo Gringo, Teorama, Convención, El Carmen, San Calixto, El Tarra y Hacarí. El comercio, el transporte, la guerrilla y las autoridades civiles y militares se beneficiaron con la bonanza.
Por la misma época se inició la construcción del oleoducto Caño Limón-Coveñas, que contribuyó al poder de la guerrilla, tanto por el descontento campesino con la obra como por la extorsión a que fue sometida la empresa constructora por parte de la insurgencia. A mediados de los años 80, los tres más fuertes grupos guerrilleros —Eln, Farc y Epl— controlaban el poder local. Se fundaron la UP y A Luchar, que asociadas con las organizaciones campesinas y a las fuerzas guerrilleras decretaron el “Paro del Nororiente”, que afectó el territorio comprendido entre el Magdalena Medio y la frontera con Venezuela.
El gobernador de Norte de Santander resumió así las razones de la protesta: “El movimiento pide, como en todo el país, vías, educación, salud, electrificación, acueductos, alcantarillado y tierras”. Pero la gente pedía más: que el Gobierno detuviera la ola de paramilitarismo que actuaba ya al descubierto con la colaboración de las Fuerzas Armadas. Para entonces las perspectivas de la explotación de carbón y las promesas de la palma africana eran públicas.
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Dos hechos marcaron mi primer viaje: la fuerza del campesinado, sin duda alguna, impulsado por las guerrillas, y los comienzos del cultivo de la coca. No es necesario repetir que estos dos factores decisivos desde esa época en la región tienen un origen común: el débil apoyo económico del Estado a los colonos y la exclusión política de sus organizaciones.
Las guerrillas reemplazaron las funciones de la llamada institucionalidad, una puerta por donde entró y se fortaleció la insurgencia. Recuerdo que en Filo Gringo, donde habían emboscado unos días antes una patrulla del Ejército, se realizaba una reunión en la que se discutía la posibilidad de ir al paro. Con el equipo que me acompañaba en un estudio sobre fronteras fluviales, financiado por el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), quedamos sorprendidos por la forma masiva pero democrática y ordenada como participaba la comunidad.
En La Gabarra, a donde dos días después llegábamos, hubo una “entrada” paramilitar y habían asesinado a los lancheros de la barcaza que servía de puente entre las orillas del río Catatumbo. Mi hermano, que usaba cachucha de cuero y barba, ya cana, fue confundido varias veces con el cura Pérez, que, como supimos después, andaba por la región. El Ejército nos detenía y no permitía continuar el viaje hasta que constataba una a una las huellas dactilares de mi hermano y lo que hacíamos en la zona.
El conflicto de hoy
Volví a la región 25 años después; recorrí el trayecto entre Ocaña, El Tarra y Tibú. El Epl, grupo armado que ha sobrevivido a las entregas, a los acosos y a la propia corrupción de sus mandos, conserva su presencia y sus acciones bajo el mando de alias Megateo. Es fuerte en la zona de Convención y se ha especializado, dicen, en ataques a torres de energía. Sus bases sociales son débiles.
La carretera entre esta población, San Calixto y El Tarra está, como hace muchos años, en construcción. Asombra el tránsito de motocicletas y en todo el trayecto se ven pequeños cultivos de coca. La gran novedad es que las matas se siembran en filas regulares para facilitar y hacer más rápida la recolección de la hoja, que se comercializa en gran medida sin procesamiento, lo que supone que los comerciantes son los que la trabajan y transforman en cristal. El papel de la guerrilla no es claro. ¿Es un intermediario entre cultivadores y procesadores? ¿Procesa la hoja y la cristaliza? ¿Sale por el Magdalena hacia los puertos de la costa? ¿Hacia Coveñas siguiendo el trazo del oleoducto? ¿Hacia Barranquilla? ¿Hacia Venezuela?
No obtuve respuestas a estas preguntas hechas en una comisión de la Defensoría del Pueblo, entidad que me contrató para hacer un informe al Sistema de Alertas Tempranas (SAT). A propósito de este sistema: los informes elaborados para esta subdirección quedan en manos del director, que los traduce al lenguaje institucional para entregarlos al Centro de Alertas Tempranas, donde son examinados por un comité en el cual tienen la palabra final representantes de las fuerzas de seguridad, donde ordinariamente se engavetan.
A lo largo de la carretera se estaba construyendo el oleoducto Bicentenario, que aumentará la conducción de crudos desde Apiay y Caño Limón hasta Coveñas. Las poblaciones por donde pasa el tubo han protestado una y otra vez contra las empresas constructoras sobre los daños en cultivos y en vías de acceso, pero el Gobierno poco o nada responde al respecto, lo que contribuye al malestar y afianza la protesta.
El trayecto es el eje de una red de trochas y pequeñas vías, la mayoría de las cuales no permiten, por su trazo, el tránsito de vehículos distintos a las motos. Según testimonios recogidos, las motos transportan coca, gasolina o pequeños alijos de mercancías legales compradas en Venezuela.
Sabiendo que una moto puede transportar entre 10 y 20 kilos adicionales al peso del conductor, el tráfico ilegal podría alcanzar sumas enormes, con el agravante de que es un flujo incontrolable de contrabando entre Venezuela y la región nororiental. Cuántas toneladas de coca o cuántos miles de galones de combustible pueden pasar diariamente por este medio es un interrogante que no puede ser respondido de manera confiable. Más aún: ¿Cuál es el papel de los “actores armados” —incluida la Fuerza Pública—?, es otra pregunta sin respuesta.
Sobre el río Tarra hay un paso en planchón vigilado por la Policía. Le pregunté al comandante del puesto si sabía que un poco más arriba había un paso de motocicletas que podrían transportar coca o combustible. Me dijo que sí, pero que estaba fuera de su jurisdicción.
* Lea mañana lunes la segunda parte, “La chispa es la erradicación”.
Entre ‘Lucho’ y el Catatumbo
La vida de Luis Eduardo Garzón, hoy consejero presidencial para el Diálogo Social, parece estar atada a la región del Catatumbo (Norte de Santander). En los años 90 participó de la Unión Sindical Obrera, siendo su primer presidente. Una actividad que estuvo relacionada con los campos petroleros de Ecopetrol en esta región.
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Hoy el Gobierno del presidente Santos ha nombrado a Lucho, su Consejero para el Diálogo Social, como el encargado de conjurar una crisis social que ya cuenta 20 días y ha dejado el saldo trágico de cuatro muertos y decenas de heridos. La mesa de interlocución ha sesionado por cuatro días, pero aún no se llega a un acuerdo.
Frases para tener en cuenta
Las poblaciones por donde pasa el tubo han protestado una y otra vez contra las empresas constructoras sobre los daños en cultivos y en vías de acceso, pero el Gobierno poco o nada responde al respecto, lo que contribuye al malestar y afianza la protesta.
Asombra el tránsito de motocicletas y en todo el trayecto se ven pequeños cultivos de coca.
La gran novedad es que las matas se siembran en filas regulares para facilitar y hacer más rápida la recolección de la hoja.
El gobernador de Norte de Santander resumió así las razones de la protesta: “El movimiento pide, como en todo el país, vías, educación, salud, electrificación, acueductos, alcantarillado y tierras”.
Cronología, Historia de protestas en la era Santos
2011 Febrero
El gobierno de Santos llevaba seis meses de instalado. Un paro nacional de camioneros se levantó por la tabla de fletes. Fueron 15 días de fuertes protestas y parálisis de la economía nacional. El vicepresidente Angelino Garzón intervino y logró negociar.
2011Octubre
El anunció del Gobierno de impulsar una reforma educativa, bautizada como Ley 30, desató un paro general de estudiantes. El sector educativo salió a las calles y 45 universidades cerraron sus puertas. En noviembre el Gobierno la retiró.
2012 Febrero
A finales de febrero se inició una movilización contra el proyecto hidroeléctrico en El Quimbo (Huila). Las protestas dejaron heridos por decenas. Circularon videos e imágenes impresionantes de los enfrentamientos. Nunca se llegó a un acuerdo.
2012
Febrero
Los controladores aéreos del aeropuerto El Dorado de Bogotá montaron una operación tortuga en reclamo de mejores condiciones laborales. El paro colapsó todos los vuelos del país y desató una crisis con el Gobierno.
2012Julio
En el norte de Cauca el movimiento indígena, cansado de vivir en medio del conflicto armado, organizó una desmilitarización de sus territorios y sacó a la Fuerza Pública y a la guerrilla. Los enfrentamientos dejaron un amplio ‘dossier’ de imágenes.
2012 Diciembre
Cuando el país entraba en el furor de fin de año, los funcionarios de la Rama Judicial se declararon en paro, exigiendo un ajuste salarial aplazado por décadas. La protesta tuvo fuertes consecuencias y al final el Gobierno cedió y lo levantó en enero de 2013.
2013 Febrero
El peor paro que ha enfrentado el Gobierno fue el cafetero, al que se le pegaron los cacaoteros, los arroceros y los lecheros. Los enfrentamientos con la Fuerza Pública llenaron las páginas de los periódicos. Al final el Ejecutivo tuvo que ofrecer grandes paquetes de subsidios.
2013 Mayo
En Boyacá y Cundinamarca se decretó el paro de los productores de papa. el saldo: 70 detenidos, 16 heridos y $2.000 millones de pérdidas. El Gobierno tuvo que destinar más de $40.000 millones para conjurar la crisis.
2013 Junio
El paro en Catatumbo lleva casi 20 días. Cuatro muertos y decenas de heridos dejan las protestas. Gobierno y campesinos buscan llegar a un acuerdo para resolver la situación.
Por: Alfredo Molano Bravo - Especial para El Espectador
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