Por: Alejandro Castillejo Cuéllar. Eduardo A. Rueda Barrera. Edwin Nelson Agudelo Blandón. Natalia Quiceno Toro. [Autores de Capítulo]
Quisiera comenzar con una serie de preguntas que en principio parecen autoevidentes: ¿donde se localiza el “daño” y cómo se define la “violencia”? Me pregunto incluso retóricamente: ¿en la subjetividad?, ¿en el cuerpo (de un hombre o de una mujer)?, ¿en la “comunidad”?, ¿en la “sociedad” o en su “estructura”? o ¿en la “nación” o “naciones minoritarias”?, ¿o en la historia de la exclusión crónica?
Pero, como podemos “ver” la “herida” en todos estos registros, ¿dónde “suturamos” y quién dice qué es una “herida”, o un “trauma”? ¿Quién “certifica” el dolor colectivo? La pregunta se hace más evidente aún: ¿Cuál sería entonces el papel que una Comisión de investigación, que en últimas opera con una serie de definiciones estandarizadas, tendría en los “modos de nominación” del pasado violento y cómo crea, en ese mismo momento, las posibilidades del futuro? ¿Cómo indexa o indiza una comisión ciertas formas de violencia y desplaza otras, configurando el “archivo”, sus “documentos”, incluso sus vacíos y silencios? Sabemos que el archivo, por su propia etimología, es principio de origen del Estado y condición para su posibilidad (Castillejo, 2015a; 2014a: 130; Mbembe, 2002: 19).
En cierta forma, la legitimidad y el control del Estado esta inmerso en la administración y producción de archivos. Una discusión sobre la idea del comisionar la verdad —y aquí quiero hacer énfasis en que, como cualquier proceso empírico, este modo de recabar “información” y “datos” relevantes plantea una epistemología concreta— implica verla también como una serie de mecanismos técnicos interrelacionados en un momento histórico concreto. En otras palabras me interesa más por lo que no dice, por lo que evade epistemológicamente (y políticamente por esta misma razón).
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