Por: Movimiento de Reconciliación (FOR) y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU). Junio 2014
Resumen
Este estudio documenta un intento por evaluar el impacto sobre los derechos humanos que pudiera haber tenido la asistencia en seguridad de EE.UU., al observar en profundidad el fenómeno de violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas colombianas. Se trata de comprender qué papel jugó (si lo tuvo), la asistencia en seguridad de los EE.UU. en el aumento y disminución de la comisión de las ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo la modalidad de “falsos positivos” por parte del Ejército colombiano en el periodo 2000-2010.
El estudio inicia con los antecedentes y el contexto de las Fuerzas Armadas de Colombia y su relación con los programas de asistencia militar de Estados Unidos. Proporciona una visión general de la escasa literatura sobre la evaluación de las repercusiones de la asistencia en seguridad, y en particular sobre la valoración de sus impactos en los derechos humanos. Medimos los resultados cuantitativos de derechos humanos de la asistencia de Estados Unidos, tanto a las brigadas del ejército como a oficiales individuales, e identificamos algunos eventos y su correlación con el aumento o disminución de ejecuciones extrajudiciales. También examinamos los resultados de la asistencia en programas judiciales para reducir la impunidad. Analizamos los datos obtenidos, con una explicación de nuestros esfuerzos para aislar factores extraños que podrían sesgar el significado, y concluye con hallazgos tentativos y recomendaciones. Los apéndices presentan más datos y análisis de fondo.
Presentación
Las Fuerzas Armadas colombianas han enfrentado acusaciones de graves violaciones de derechos humanos a lo largo de gran parte del conflicto armado interno que se inició formalmente en 1964, con el nacimiento de los ejércitos guerrilleros, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En la década de los ochenta, aumentaronlas denuncias contra la fuerza pública por violaciones a derechos humanos que incluían la comisión de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y tortura. El problema llegó a ser tan grave que en 1997, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estableció una oficina en Colombia, la cual sigue operando. Con Colombia en mente, el mismo año el Congreso de EE.UU. estableció una ley que prohíbe la asistencia antidrogas a las unidades militares o policiales extranjeras creíblemente acusadas de haber cometido una violación grave de los derechos humanos, una limitación que posteriormente se extendió a toda la ayuda dirigida a las fuerzas armadas extranjeras, conocida como la Ley Leahy.
Las ejecuciones extrajudiciales ya eran un problema importante antes de 2000: 634 de esas ejecuciones adjudicadas a las Fuerzas Armadas de Colombia entre 1994 y 1999 han sido documentadas. Pero el problema se aceleró en la década de 2000, alcanzando un máximo en 2007, disminuyendo en 2008, mostrando una marcada y hasta ahora sostenida disminución, después de octubre de 2008. La mayoría de las ejecuciones extrajudiciales documentadas durante el período 2000-2010 se conocieron como “falsos positivos”: miles de pobladores civiles ejecutados por agentes estatales, cuyos cuerpos fueron presentados falsamente como resultados de la acción de las Fuerzas Armadas contra los grupos armados Durante gran parte del período, el Ejército medía su éxito en las labores de contrainsurgencia a partir del número de guerrilleros muertos.
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