Pacto de fusil. Medellín: territorio estriado. Jaime Rafael Nieto Lopez

Por: Jaime Rafael Nieto Lopez

Domingo, 15 Diciembre 2013
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La experiencia de guerra y violencia endémica en Medellín confirman la profunda e histórica debilidad del Estado. Su territorialidad es estriada, regulada pero también extremadamente fragmentada. No indisputada sino continuamente entredicha.

“Los centros de poder se definen más por lo que se les escapa o por su impotencia que por su zona de poder…cuando un Estado no logra estriar su espacio interior o contiguo, los flujos que lo atraviesan adquieren necesariamente el aspecto de una máquina de guerra dirigida contra él, desplegada en un espacio liso, hostil o rebelde”. 

Deleuze y Guatari. Mil Mesetas

La caída de las cifras de homicidio en Medellín el pasado mes de octubre se volvió noticia nacional. Este declive se observa sobre todo desde el mes de julio hasta llegar a la cifra record de 44 homicidios en el mes de octubre, considerada la más baja de los últimos 30 años en la ciudad. Sin embargo, esta reducción drástica de los homicidios en Medellín no es casual, ni mucho menos corresponde a una supuesta “eficacia policial” contra el delito. Tampoco es la primera vez que ocurre en la historia reciente de Medellín. Miradas bien las cosas es resultado de la propia dinámica del conflicto armado y la violencia que ha marcado a Medellín desde, por lo menos, los últimos 30 años.

Durante este periodo de tiempo, la dinámica de la confrontación armada y de violencia en la ciudad ha estado marcada por el entrecruzamiento entre ciclos de guerra y ciclos de paz. Ciclos cortos o medianos de recrudecimiento de la guerra o de la violencia son seguidos igualmente de ciclos cortos y frágiles de tregua o de cese de la confrontación. Muchas veces tal entrecruzamiento entre estos dos ciclos se hace tan estrecho y fluido que no es posible distinguir con claridad entre un tiempo de guerra y un tiempo de paz. Por lo general, tales ciclos de “paz” armada están asociados o bien al dominio relativamente estable de uno de los actores sobre el territorio o bien a pactos entre los mismos. Sus artífices son los mismos actores armados ilegales: bandas criminales y paramilitares vinculadas estrechamente a los negocios del narcotráfico, la extorsión y todo tipo de extracción ilegal de renta en la ciudad, que desde 2008 desencadenaron un nuevo ciclo de confrontación y violencia que arrojó algo más de 7.000 víctimas. El “pacto de fusil” es el nombre con el que se conoce este nuevo acuerdo armado entre los dos bandos que se disputan el territorio, la población y las rentas ilegales en Medellín: la Oficina de Envigado y los Urabeños. Y es a él al que está asociada efectivamente la caída reciente y drástica de la tasa de homicidios en Medellín.

Noticiosamente, el rostro más difundido de este pacto consiste en que pone fin a las llamadas “fronteras invisibles” entre barrios de las comunas populares en las que están asentados los aparatos armados de los bandos, permitiendo el flujo poblacional sin criminalización por el territorio. Sin embargo, ni diacrónica ni sincrónicamente tales pactos armados pueden ser considerados la negación de las “fronteras invisibles”, tal como a primera vista parece. Estas “fronteras invisibles”, realmente fronteras de miedo y de terror impuestas por las bandas y grupos paramilitares para ejercer control homicida sobre la población civil, perviven. Con el “pacto de fusil” se suspende parcialmente la criminalización territorial de la población propio de las “fronteras invisibles”, sin embargo, siguen funcionando en todo lo demás, esto es, como dispositivos de estriamiento, de acotamiento y de control de la esfera territorial de poder por parte de cada uno de los bandos establecidos y por consiguiente como territorio liminar que les permite la exacción de rentas ilegales a sus anchas. En efecto, la suspensión de la confrontación violenta está basada en el respeto del territorio correspondiente a cada uno de los bandos en disputa. El territorio, ahora indisputado, sigue sin embargo delimitado, con todo lo que él encierra en términos de población y lucro.

Historia reciente

A finales de los 90s inicia la urbanización del conflicto armado nacional en Medellín. Por un lado, como estrategia racional de los grupos armados insurgentes de avanzar en los objetivos de la guerra y lograr un dominio y control territorial de los espacios urbanos; y por otro lado, en esta misma lógica de control por la ciudad, los paramilitares y las fuerzas del Estado inician la realización de la estrategia contrainsurgente dirigida a la expulsión de las milicias. En 1999 los paramilitares, inicialmente a través de la estructura paramilitar Bloque Metro (BM) y más tarde Bloque Cacique Nutibara (BCN), comienzan su ofensiva articulando y cooptando diferentes bandas delincuenciales a su estructura organizativa, para posteriormente arremeter abiertamente contra varios grupos insurgentes y, en algunas ocasiones, desplegando grandes operaciones militares en coordinación con el ejército y la policía, como en la Comuna 13, los barrios La Sierra y Ocho de Marzo en las comunas 8 y 9 respectivamente, y los barrios de la parte alta de la comuna 6. La Operación Orión llevada a cabo en octubre de 2003 en la comuna 13 por fuerzas combinadas del Estado y del BCN es la más emblemática de la contraofensiva urbana para desalojar a las milicias del territorio de la ciudad.

Con estas operaciones contrainsurgentes combinadas se cierra el ciclo miliciano insurgente y para el 2003, puede decirse que han concluido las fases de incursión y consolidación del paramilitarismo en la ciudad. A partir de entonces, se inicia un proceso de legitimación, que empata y se fortalece tras la desmovilización del BCN [1]. Consolidación y legitimación que se inscriben en las lógicas de redefinición del territorio en función de procesos de acumulación de capital y, así mismo, en función de un nuevo marco de gobernabilidad de la ciudad. Impera la llamada popularmente “Donbernabilidad”. Este proceso implicó una reducción drástica de las tasas de homicidio en la ciudad de Medellín. La “mejoría” en este indicador, sin embargo, sólo duró hasta la extradición del jefe paramilitar alias “Don Berna”, quien había articulado en torno suyo la actividad ilegal.

A partir de 2009 se presenta una reactivación del conflicto, producto de la disputa de los mandos medios emergentes de esas estructuras. A partir de ese momento, se han desarrollado nuevos tipos de violaciones a los derechos humanos como el desplazamiento forzado intraurbano que alcanzó 16.245 víctimas entre marzo de 2012 y febrero de 2013 [2].

Aparecen también nuevos actores con pretensiones de disputar el territorio y el poder ilegal a la Oficina de Envigado [3], como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, lideradas por Daniel Rendón Herrera, alias “don Mario”, conocidas popularmente como los Urabeños, que combinaron la violencia, la amenaza y el dinero como medios para ganar apoyos en comunas estratégicas de la ciudad, en asocio con poderosas bandas delincuenciales allí asentadas. Sus enfrentamientos generaron un incremento de los homicidios a partir del 2008. La pérdida de la estructura jerárquica estándar y la llegada de estos nuevos actores, ha dado lugar a una atomización del conflicto, con características muy similares a las vividas durante décadas anteriores, pues se imponen de nuevo “fronteras invisibles” a través de las cuales se dan enfrentamientos en los que se utiliza armamento de gran calibre, así como la imposición de constantes “toques de queda” sobre la población.

La disputa entre actores ilegales, que conjugan delincuencia criminal con acción contrainsurgente y entre éstos y la institucionalidad, toma forma en los esfuerzos de las estructuras criminales por cooptar las organizaciones comunitarias, propósito que se inscribe, por un lado, en la necesidad de legalizar los recursos provenientes de las actividades ilegales; y por otro, en una estrategia de utilización de la base social con fines militares y electorales. Este proceso deja a la ciudad en una situación de violencia bastante compleja, en tanto se configura una criminalidad con capacidad de operar desde los aprendizajes adquiridos del modelo paramilitar para ejercer el control social, territorial y de mercados ilegales.

Es en el contexto de esta nueva dinámica que adquiere el conflicto armado en la ciudad en términos de micropoderes y soberanías fragmentadas, muchas de ellas frágiles, fluidas e inestables, que puede explicarse la imposición por parte de los actores armados ilegales de las llamadas “fronteras invisibles” y los “pactos de fusil”, como formas no sólo de delimitar el territorio conquistado y más tarde controlado, sino también de confinamiento de la población a los designios del actor armado dominante. “Fronteras invisibles” y “pactos de fusil” que sugieren así mismo, no sólo la prevalencia de una voluntad de poder sobre el territorio, sino también la existencia de un “pacto tácito” establecido entre los propios actores armados ilegales para delimitar sus soberanías precarias sobre territorio y población, pero sin el consentimiento de esta última y por lo general vulnerando sus derechos.

Territorio, Estado y resistencia

Desde el punto de vista de la teoría política, territorio y frontera son términos estrechamente articulados en la determinación de la soberanía estatal moderna. En contextos políticos y culturales como el de Colombia y muchos otros países de América Latina, discernir la relación entre Estado, nación y territorio se hace mucho más complejo, ya que histórica y estructuralmente el Estado, la nación y el territorio han mantenido una relación problemática, conflictiva y equívoca. Aquí cabe destacar, por ejemplo, la debilidad histórica del Estado, que encierra un conjunto de problemáticas y conflictos históricamente insuperables, tales como, por ejemplo, su precaria presencia en el territorio (la existencia aún de territorios no estatalizados), la exclusión histórica de pueblos y comunidades etno-culturales del proyecto de nación agenciado por las élites desde el siglo XIX, la precaria o inexistente institucionalidad estatal para la regulación de conflictos y la construcción de consensos, y sobre todo, el precario ejercicio del monopolio de la fuerza por parte del Estado en el territorio de la nación. La disputa por las territorialidades y soberanías es también la disputa por la población civil, que se ha convertido junto al territorio en el objetivo principal y central de la guerra. Esta se desarrolla, por consiguiente, como un escenario desde el cual los diferentes actores armados pretenden imponer órdenes alternos (contraestatales o paraestatales) en la ciudad o la prevalencia del orden legal vigente.

La experiencia de guerra y violencia endémica en Medellín confirman la profunda e histórica debilidad del Estado. Su territorialidad es estriada, regulada pero también extremadamente fragmentada. No indisputada sino continuamente entredicha. Hay que advertir, sin embargo, que en referencia a estas “soberanías” de facto (delincuenciales y paramilitares) no se trata sólo de ausencia o debilidad del Estado, sino también de estrategias de control territorial y poblacional auspiciadas o permitidas muchas veces por el propio Estado. Tal vez sea este el sentido de la apatía gubernamental por enterarse de la ocurrencia de tales “pactos de fusil”, no los conoce, como al parecer tampoco conoce el territorio.

Por otra parte, si bien las lógicas de terror, miedos colectivos y autoritarismo, que son propias de toda frontera en la que los actores armados juegan con la indecidibilidad del territorio, rompen el tejido social comunitario, fragmentan la trama colectiva comunitaria, clausuran espacios públicos vitales para la acción social comunitaria y generan en muchos sectores de la comunidad actitudes de sumisión; también es cierto que, a contrapelo de la fuerza aplastante del poder, sectores de las comunidades logran desarrollar prácticas de resistencia frente a la incertidumbre social, política y económica generada por el dominio de los actores armados. Muchos pobladores logran activar los recursos de poder que tienen a la mano, por lo general sus acumulados sociales y organizativos, para oponerlos al poder y control de los dominadores en defensa de sus libertades y derechos. Las líneas de fuga son correlativas a las máquinas de guerra.

Articulo: Resistencia civil no armada en Medellín . la voz y la fuga de las comunidades urbanas. Jaime Rafael Nieto López

El autor: Jaime Rafael Nieto Lopez.
Docente investigador vinculado a la Universidad de Antioquia. Es Sociólogo, Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia y Doctor en Pensamiento Político, Democracia y Ciudadanía de la Universidad Pablo de Olavide.Hace parte de los grupos de investigación: Cultura, Política y Desarrollo Social y Semillero Grupo de Estudio Marx y América Latina. Su área de interés en la docencia es la sociología política.
Correo1: jaime.nieto@udea.edu.co
Correo 2: nietolo@hotmail.com

FUENTE: http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/pacto-de-fusil?category_id=138
Domingo, 15 Diciembre 2013. Posted in Artículos, Medellín, Edición 23, Jaime Rafael Nieto, Nacional, Territorio